El debate sobre la implementación de la ley de Ficha Limpia sigue generando tensiones entre el PRO y el oficialismo. Mientras el Gobierno busca mostrar apertura con un proyecto modificado, el entorno del ex presidente Mauricio Macri expresó su descontento, argumentando que el oficialismo debería haber apoyado la iniciativa original si realmente buscaba generar un acercamiento político. La propuesta inicial, impulsada por sectores del PRO, plantea que personas condenadas en segunda instancia no puedan ocupar cargos públicos, una medida que ha recibido amplio respaldo en las encuestas pero divide aguas en el ámbito legislativo.
El nuevo proyecto, presentado por legisladores oficialistas, introduce modificaciones que reducen el alcance de la inhabilitación, limitándola a delitos de corrupción y exigiendo condenas firmes. Según fuentes cercanas a Macri, esta versión diluye el espíritu original de la propuesta, que buscaba garantizar mayor transparencia en la función pública. «Lo que han presentado no es un gesto de buena fe, sino una estrategia para minimizar los costos políticos», aseguró un dirigente del PRO bajo condición de anonimato.
Los gobernadores provinciales, por su parte, miran con recelo la discusión de Ficha Limpia en medio de la incertidumbre por la aprobación del Presupuesto 2025. En un contexto de creciente presión económica, los mandatarios temen que las tensiones en el Congreso puedan paralizar los debates presupuestarios y afectar la llegada de fondos esenciales para las provincias. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que se están llevando a cabo reuniones con los jefes provinciales para intentar destrabar este tema antes de que se agrave la crisis política.
El escenario actual también refleja el impacto de las elecciones recientes, que dejaron al Congreso dividido y con dificultades para construir consensos. En este contexto, el PRO ha intensificado su discurso en torno a la transparencia y la lucha contra la corrupción como un eje clave de su agenda. Sin embargo, analistas políticos advierten que el rechazo al proyecto oficialista podría ser percibido por sectores moderados como un obstáculo para los acuerdos necesarios en esta nueva etapa.
Desde el oficialismo, en tanto, aseguran que la versión alternativa de Ficha Limpia busca respetar los principios de presunción de inocencia y equilibrio entre poderes. «No se puede legislar contra los derechos constitucionales de los ciudadanos», argumentó un legislador del Frente de Todos, quien además calificó las críticas del PRO como un intento de capitalizar políticamente la iniciativa.
En los próximos días, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso discutirá ambos proyectos, en lo que promete ser un debate cargado de tensiones y definiciones cruciales. Mientras tanto, la ciudadanía observa de cerca cómo los principales actores políticos se posicionan frente a una de las demandas más reiteradas en las últimas campañas: la lucha por una política más ética y transparente.
