El juzgado federal fijó sanciones de $100.000 por cada día de demora, una medida que escala la tensión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia en materia educativa.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó aplicar multas diarias de $100.000 al Gobierno nacional por no cumplir con la ley de financiamiento universitario. La resolución judicial convierte en costo concreto lo que hasta ahora era un mandato ignorado, y pone al Ejecutivo ante una presión institucional difícil de sostener sin consecuencias políticas.
La decisión fue firmada por el juez Martín Cormick este miércoles 14 de octubre. La sanción corre por cada día que el Ejecutivo persista en el incumplimiento de la norma vigente, lo que significa que el monto se acumula automáticamente sin necesidad de nuevas resoluciones judiciales, al menos hasta que el Gobierno acredite haber cumplido con sus obligaciones legales.
La disputa por el financiamiento universitario viene de larga data. Durante 2025 y 2026, el recorte presupuestario aplicado a las universidades nacionales generó conflictos con rectores, docentes y estudiantes. La ley en cuestión establece pisos de inversión que el Poder Ejecutivo no habría respetado según los demandantes, quienes acudieron a la vía judicial ante el fracaso del diálogo institucional.
El dato que cambia la lectura es que la multa no es meramente simbólica: acumulada en el tiempo, puede convertirse en una herramienta de presión financiera real sobre el Tesoro, o bien en un argumento político de la oposición para cuestionar la gestión. Que un juez federal le ponga precio diario al incumplimiento gubernamental es una señal de que el sistema judicial está dispuesto a ir más lejos que la advertencia.
El Gobierno tiene ahora la opción de apelar la resolución ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, lo que podría suspender cautelarmente las multas mientras se resuelve la impugnación. También puede optar por acreditar algún nivel de cumplimiento parcial para moderar la sanción. Ninguna de las dos vías garantiza una salida rápida del conflicto.
Mientras el monto se sigue acumulando, la presión sobre el Ejecutivo crece en dos frentes simultáneos: el judicial y el político. La resolución del juez Cormick deja en claro que ignorar una ley no es gratis, y que en este caso hay un expediente abierto dispuesto a cobrarla.
