El Gobierno de Milei busca sumar votos legislativos y, a la vez, aceitar relaciones con provincias clave mediante la promesa de obras y transferencias.
El Gobierno nacional intensificó esta semana la negociación política con los gobernadores provinciales para garantizar el apoyo legislativo al Presupuesto 2027. Entre los mandatarios convocados se encuentra el chaqueño Leandro Zdero, junto a otros seis gobernadores cuya coincidencia resulta estratégica para que el oficialismo logre los votos necesarios en el Congreso.
La movida apunta a construir una mayoría que le permita a La Libertad Avanza —fuerza con representación parlamentaria acotada— aprobar una ley de presupuesto que lleva dos ejercicios sin sancionarse. El Ejecutivo presentó el proyecto ante el Congreso incluyendo una nómina de inversiones públicas que funciona, en parte, como moneda de cambio en estas negociaciones.
El caso de Chaco ilustra la mecánica: el presupuesto incorpora dos obras viales para la provincia por más de 161.000 millones de pesos, una cifra que difícilmente sea casualidad en vísperas de la convocatoria a Zdero. La inclusión de inversiones en infraestructura para provincias gobernadas por aliados o potenciales aliados es un recurso clásico del Ejecutivo para alinear voluntades legislativas.
Lo que cambia la lectura es que el Gobierno de Milei, que asumió con un discurso fuertemente centralista y contrario al reparto discrecional de fondos, recurre ahora al mismo mecanismo de negociación que históricamente criticó: obras etiquetadas para provincias a cambio de apoyo político. La tensión entre el relato y la práctica es, en este caso, evidente.
Los próximos pasos dependen del resultado de estas reuniones. Si los gobernadores garantizan el acompañamiento de sus bloques legislativos o de sus aliados en Diputados y el Senado, el presupuesto podría avanzar antes de fin de año. De no cerrarse el acuerdo, el país podría transitar 2027 con presupuesto prorrogado por tercera vez consecutiva, lo que es un hecho confirmado como posibilidad concreta.
La negociación con los gobernadores muestra que, más allá de la retórica de la gestión, la política presupuestaria sigue funcionando con la misma lógica de siempre: quien necesita votos, ofrece obras. El dato concreto es que Chaco ya tiene 161.000 millones de pesos anotados en el proyecto —y que Zdero fue uno de los primeros en ser convocado.
