Jóvenes que aprobaron el concurso quedarían afuera para dar lugar a personas vinculadas a funcionarios del organismo.
El Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco está en el centro de una nueva polémica. Desde adentro del organismo trascendió que habría decisiones en curso para declarar vencido el orden de mérito vigente, lo que abriría la puerta a incorporar personal por fuera del proceso de selección que ya se había completado.
El mecanismo denunciado implica dejar sin efecto la lista de candidatos que habían superado el concurso correspondiente. Eso habilitaría al organismo a contratar directamente a personas sin pasar por la instancia competitiva, con el riesgo concreto de que esos lugares terminen ocupados por allegados a quienes tienen poder de decisión dentro del Tribunal.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas chaqueño aparece envuelto en cuestionamientos de este tipo. El organismo, encargado de fiscalizar el gasto público provincial, acumula antecedentes de manejo opaco en sus propias contrataciones, lo que genera una contradicción evidente: el ente que debería controlar el uso de fondos públicos es señalado por irregularidades en su propio funcionamiento interno.
El dato que cambia la lectura es que quienes se verían perjudicados son jóvenes que se prepararon específicamente para el concurso, que invirtieron tiempo y recursos creyendo que el mérito sería el criterio determinante. Frustrar ese proceso no es solo una irregularidad administrativa: es una señal institucional sobre qué vale realmente en el Estado provincial.
Hasta el momento no hay una decisión formal confirmada ni una resolución publicada. Si la conducción del Tribunal efectivamente da por vencido el orden de mérito, los afectados podrían recurrir judicialmente o presentar impugnaciones administrativas. También podría activarse una denuncia formal ante la Legislatura provincial, que tiene capacidad de interpelar a las autoridades del organismo.
El episodio deja en evidencia una práctica que, cuando ocurre en el Estado, tiene doble costo: el directo, sobre quienes quedan afuera sin razón legítima, y el institucional, sobre la credibilidad de los mecanismos de selección pública en una provincia donde el empleo estatal sigue siendo uno de los principales motores del mercado laboral.
