Durante el ciclo Democracia y Desarrollo, mandatarios provinciales expusieron la tensión financiera con el gobierno libertario, exigieron seguridad jurídica y revelaron acuerdos para hacerse cargo de las rutas nacionales ante el corte de fondos.
Un coro heterogéneo de gobernadores y funcionarios provinciales llevó al centro porteño una radiografía descarnada del parate de la obra pública nacional y las crecientes asimetrías federales. En el marco de la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín en el Museo Malba, mandatarios de diverso signo político coincidieron en señalar que la retirada del Estado nacional de la infraestructura estratégica no solo complica el mantenimiento vial urgente, sino que asfixia la competitividad exportadora y deja a las provincias atrapadas entre deudas cruzadas y reclamos fiscales históricos.
El encuentro, que llevó por lema 'Infraestructura para el desarrollo', fue inaugurado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y contó con la intervención del diputado de La Libertad Avanza Sebastián Pareja. Sin embargo, el centro del debate estuvo en el panel provincial integrado por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), al que se sumó desde la vereda opositora el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Frente a empresarios y ejecutivos, los mandatarios detallaron los mecanismos de emergencia a los que debieron apelar para absorber el mantenimiento de trazas federales clave como las rutas 40 y 143 en Cuyo o los corredores patagónicos.
La discusión se da en un contexto de sequía total de transferencias de capital desde Balcarce 50 y de reconfiguración forzosa del vínculo entre la Casa Rosada y el interior. Con el argumento del déficit cero, la administración central limitó sus funciones a la macroeconomía, la seguridad y la diplomacia, delegando en los distritos la ejecución de infraestructura básica. Este esquema empujó a gobernaciones aliadas y dialoguistas a coordinar con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y organismos multilaterales como la CAF para sostener proyectos indispensables para el agro, los hidrocarburos y la minería.
Entre las posturas más punzantes, Ignacio Torres denunció que 'las asignaciones específicas son una estafa contra el federalismo' que terminan subejecutadas mientras se desfinancian las cuentas locales, al tiempo que blanqueó que Chubut negoció condonar una deuda con Nación a cambio de absorber la ejecución de las rutas nacionales. Por su parte, Alfredo Cornejo admitió sin vueltas que es 'durísimo sacarle un mango a la Nación', mientras que el correntino Valdés expuso distorsiones logísticas inverosímiles: alertó que hoy resulta más económico pagar un flete marítimo desde Buenos Aires hasta Cabo Verde que transportar mercadería en camión desde Corrientes a la Capital Federal.
El escenario hacia adelante perfila una pulseada legislativa y presupuestaria en la que las provincias buscarán hacer valer su peso productivo para torcer el reparto de recursos. Con la advertencia de Gustavo Sáenz sobre la falta de seguridad jurídica de cara a los inversores internacionales —al criticar a los sectores que amenazan con derogar el RIGI—, los distritos anticipan que llevarán al Congreso la discusión por la eliminación de asignaciones específicas y el rediseño de un esquema tributario donde quienes asumen la salud, educación e infraestructura tengan financiamiento automático.
La jornada en el Malba dejó expuesto el límite práctico de la doctrina de obra pública cero: frente al deterioro de la red logística nacional, las provincias comenzaron a asumir costos millonarios para evitar el aislamiento de sus economías regionales, abriendo una negociación de fondo donde el reclamo por un federalismo fiscal efectivo ya no distingue entre opositores duros y aliados coyunturales del Gobierno.
