El dictamen de Rodrigo Cuesta respaldó el amparo de los trabajadores, reconoció su legitimidad para litigar y alertó que el traspaso a manos privadas pone en riesgo las licencias ante el ENaCom.
El plan del gobierno porteño para entregar la gestión de sus medios de comunicación a manos privadas sumó una traba judicial decisiva. El fiscal general Rodrigo Cuesta dictaminó a favor de revocar el fallo de primera instancia que había avalado la licitación impulsada por la administración de Jorge Macri para concesionar el Canal de la Ciudad, Radio Ciudad (AM 1110) y la FM La 2×4, al advertir sobre vicios de legalidad en el procedimiento y respaldar la legitimidad de los trabajadores para impugnarlo.
En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, el fiscal general —con competencia en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal— sostuvo que corresponde admitir el recurso gremial contra la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo N° 12. Cuesta remarcó que los empleados tienen derecho pleno a litigar y ponderó una advertencia formal del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que calificó de "ilegal" el esquema de gerenciamiento privado y anticipó que la maniobra podría derivar en la caducidad de las frecuencias públicas.
La ofensiva judicial impacta de lleno sobre un cronograma que la Ciudad pretendía acelerar. El mes pasado, el Ejecutivo porteño adjudicó la señal televisiva a Cale Group —la firma de Augusto Marini, controladora de los canales de streaming Blender y Carajo— por un plazo de cinco años y un canon de 50 millones de pesos mensuales, aunque la firma del contrato de traspaso operativo todavía está pendiente y prevista recién para fines de octubre o principios de noviembre. En paralelo, tras un primer llamado que quedó desierto por falta de interesados, el Gobierno fijó para el 28 de septiembre la apertura de sobres para licitar ambas radios por separado, con una base de 153 millones de pesos mensuales cada una.
El dato que altera el escenario político y normativo es la postura del propio ENaCom, cuyo interventor, Juan Martín Ozores, ya le envió una carta documento a Jorge Macri advirtiendo que transferir la explotación de los medios a firmas comerciales constituye una "falta grave" contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mientras Uspallata se defiende argumentando que no vende las frecuencias sino que contrata un "gerenciamiento operativo" para aliviar el gasto público, los sindicatos y el dictamen fiscal exponen que la Constitución de la Ciudad prohíbe explícitamente delegar la administración de sus medios públicos.
La resolución del conflicto quedó ahora en manos de los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones. Si los camaristas convalidan el criterio del fiscal Cuesta, el expediente no volverá a la jueza original —que ya sentó una postura favorable al Ejecutivo—, sino que deberá ser sorteado un nuevo magistrado para resolver de inmediato sobre la medida cautelar que exige suspender todo el proceso licitatorio antes de que se formalice la entrega del canal.
Con la firma de los contratos en suspenso y una creciente conflictividad gremial que ya se hizo visible en eventos emblemáticos como el Mundial de Tango, la definición de la Cámara marcará si la tercerización de los medios porteños avanza o si queda bloqueada por incurrir en una infracción directa a las leyes regulatorias del espectro radioeléctrico.
