El excedente primario del mes superó los dos billones de pesos, aunque el resultado financiero fue más acotado una vez descontado el pago de intereses de deuda.
El Sector Público Nacional cerró agosto con un nuevo superávit fiscal, consolidando una racha que el Gobierno de Milei viene exhibiendo como su principal logro macroeconómico. El resultado primario del mes fue de casi dos billones de pesos, mientras que el superávit financiero —que descuenta el pago de intereses— llegó a 635.529 millones de pesos.
En términos acumulados, el resultado primario ya representa el 1,1% del Producto Bruto Interno. Es una cifra que el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo presenta como evidencia de que el ajuste fiscal es sostenible y está produciendo resultados concretos, independientemente del debate sobre su impacto social.
La consolidación fiscal fue el eje central del programa económico desde el inicio de la gestión. El recorte del gasto público en áreas como obra pública, transferencias a provincias, subsidios energéticos y gastos de funcionamiento fue la palanca principal para llegar a estos números. El debate es si ese ajuste tiene un piso o si seguirá profundizándose.
El dato que reencuadra el cuadro es la diferencia entre el superávit primario y el financiero: casi 1,4 billones de pesos en un solo mes se fueron al pago de intereses de deuda. Eso significa que, si bien el Estado gasta menos de lo que recauda antes de intereses, el peso del endeudamiento sigue siendo una sangría significativa sobre las cuentas públicas.
Lo que viene ahora es la discusión presupuestaria para 2027 y la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que monitorea de cerca el cumplimiento de las metas fiscales. Si los números de agosto se sostienen en septiembre, el Gobierno llegará al último trimestre del año con margen para negociar desde una posición relativamente cómoda.
El superávit de agosto es un hecho confirmado y políticamente valioso para la Casa Rosada. Lo que resta definir es si esa ecuación puede mantenerse sin deteriorar aún más los servicios públicos, y si la sociedad está dispuesta a seguir sosteniendo ese costo a cambio de la promesa de estabilidad macroeconómica.
