Una nueva resolución nacional dejó sin efecto el restablecimiento de pagos que había sido acordado para un grupo específico de titulares, distinto al universo general de pensiones.
El gobierno nacional volvió a suspender 21.812 pensiones no contributivas por invalidez mediante una resolución que anuló el restablecimiento de pagos que había sido ordenado previamente para ese grupo. Los titulares afectados disponen de un plazo de 60 días corridos para presentar reclamos administrativos y evitar la baja definitiva de sus beneficios.
La medida alcanza a un conjunto específico de titulares cuya situación había sido revisada en una instancia anterior, pero la nueva resolución retrotrajo ese proceso. No impacta sobre la totalidad del padrón de pensiones por invalidez, sino sobre quienes habían sido reincorporados recientemente al sistema tras una suspensión previa. El organismo responsable de la administración es la ANSES.
Las pensiones por invalidez son beneficios no contributivos destinados a personas con discapacidades que no acceden a una jubilación ordinaria. En los últimos años atravesaron múltiples ciclos de auditorías, suspensiones y reincorporaciones, en un proceso que los beneficiarios y sus familias denuncian como extenuante y que los organismos de derechos humanos calificaron reiteradamente como violatorio del principio de no regresividad.
El dato que cambia la lectura es que esta suspensión no ocurre por primera vez sobre el mismo universo de personas: se trata de titulares que ya habían sido dados de baja, luego reincorporados, y ahora vuelven a quedar sin cobro. Esa reiteración convierte el trámite en una carga prácticamente imposible para quienes, por su propia condición de discapacidad, tienen dificultades para gestionar presentaciones administrativas en tiempo y forma.
Los 60 días para reclamar empezaron a correr desde la publicación de la resolución. Quienes no presenten la documentación requerida en ese plazo podrían perder el beneficio de forma definitiva, aunque históricamente la justicia ha intervenido con medidas cautelares en casos colectivos de este tipo. Es posible que organizaciones de personas con discapacidad impulsen acciones legales, aunque eso aún no fue confirmado.
Con más de 21.000 pensiones en juego, la medida afecta a uno de los sectores más vulnerables del sistema de protección social argentino. El plazo de 60 días es el único margen que tienen los titulares para revertir una situación que, para muchos, representa su único ingreso mensual.
