Las universidades argentinas continúan en lucha tras la ratificación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que proponía un aumento de recursos para las instituciones públicas y ajustes salariales para los docentes. La medida, tomada por el gobierno de Javier Milei, ha intensificado las protestas en distintos puntos del país, con tomas de facultades y cese de actividades académicas en una decena de universidades, incluyendo la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras en el interior del país.
En la UBA, las facultades de Filosofía y Letras, Veterinaria y Psicología fueron las primeras en ser ocupadas por los estudiantes como respuesta al veto. Otras facultades, como Ciencias Sociales y Exactas, han optado por realizar vigilias y clases públicas para visibilizar su reclamo. Los estudiantes, además de manifestar su rechazo al veto, exigen un mayor presupuesto para la educación pública y un aumento salarial acorde a la inflación para los trabajadores universitarios. En Veterinaria, se organizó un “ruidazo” y una choripaneada en beneficio del Hospital Laura Bonaparte, recientemente cerrado por el gobierno.
Las protestas no se limitan a la capital: en provincias como Tucumán, Salta, y Tierra del Fuego, las tomas también se han extendido a varias universidades. En total, más de 15 universidades en todo el país han adoptado medidas similares, afectando el normal funcionamiento de las clases. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), los estudiantes también se han movilizado en rechazo al veto, con marchas y asambleas masivas que buscan definir los próximos pasos del conflicto.
La controversia se intensifica con las recientes declaraciones del gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la decisión de Milei, argumentando que el Congreso no puede aprobar gastos sin establecer cómo financiarlos. Además, Caputo señaló que, si se persiste en revertir el veto, el gobierno recurrirá a la Justicia para defender la medida. También criticó la falta de transparencia en algunas instituciones educativas, aludiendo al alto costo de algunas universidades con pocos graduados.
A nivel político, la situación ha generado un fuerte enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Mientras que los sectores estudiantiles y docentes denuncian que el veto implica un retroceso en la inversión educativa, desde el gobierno se insiste en la necesidad de auditar y controlar los recursos asignados a las universidades, acusando a la «vieja política» de utilizar el tema para fines partidarios. Las críticas de Milei contra las universidades han resonado en su discurso, asegurando que los recursos deben ser gestionados de manera más eficiente.
El conflicto no parece tener una resolución cercana. El próximo paso será la movilización de los estudiantes hacia el Congreso, donde intentarán ejercer presión para que se revierta el veto. Sin embargo, el gobierno ha dejado en claro que, de no lograrse una solución en el ámbito legislativo, se agotarán las vías judiciales para sostener su postura. En tanto, las universidades continúan con sus medidas de lucha, reclamando un mayor apoyo estatal y una solución a la crisis financiera que afecta al sistema educativo.
