El programa social del Ministerio de Desarrollo Humano chaqueño cuadruplicó su padrón en apenas ocho meses, lo que dispara interrogantes sobre criterios de selección y uso político.
El programa Nachec, administrado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia del Chaco bajo la gestión del gobernador Leandro Zdero, pasó de 3.998 beneficiarios en febrero de 2026 a 14.981 en octubre del mismo año. El crecimiento es de casi el 275% en ocho meses, una expansión que difícilmente pueda explicarse solo por mayor demanda social o nuevos criterios técnicos de inclusión.
La Voz del Chaco relevó el dato y lo puso en tensión con el contexto político: 2026 es un año electoral en la provincia, con renovaciones legislativas y posicionamiento de cara a 2027. La expansión acelerada de un programa social controlado directamente por el Ejecutivo provincial activa el debate sobre si se trata de política social genuina o de construcción de base electoral mediante la distribución de beneficios.
El Nachec es un programa de transferencia de ingresos destinado a sectores vulnerables. Su diseño original contemplaba una cobertura más acotada, con criterios de focalización que, si se aplicaran con rigor, difícilmente justificarían una cuadruplicación en menos de un año. No hay información pública disponible que explique qué cambios de criterio o relevamiento territorial motivaron el salto.
El dato más revelador es la velocidad del crecimiento: de febrero a octubre, el programa sumó más de 10.000 nuevos beneficiarios. Eso implica un promedio de más de 1.200 incorporaciones por mes. En un contexto de ajuste fiscal nacional y presión sobre las finanzas provinciales, sostener esa expansión también implica un esfuerzo presupuestario significativo que el gobierno chaqueño eligió asumir.
Lo que puede pasar ahora depende de si organismos de control provinciales o nacionales —Tribunal de Cuentas, Legislatura, AFIP— solicitan auditorías sobre el padrón del programa. También es posible que organizaciones sociales o partidos opositores presenten pedidos de informes formales para conocer los criterios de admisión y la distribución territorial de los nuevos beneficiarios.
Cuadruplicar un padrón social en año electoral no es, en sí mismo, ilegal. Pero la magnitud del salto, la falta de explicación pública sobre los criterios y la coincidencia con el calendario político configuran un escenario que merece escrutinio. Las becas sociales pueden ser herramienta de reparación o de captura política: la diferencia está en la transparencia de los datos.
