La jefa del bloque de senadores de LLA cuestionó el fallo que suspendió por dos meses la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires y vinculó a la magistrada con el kirchnerismo.
Patricia Bullrich abrió un nuevo frente de conflicto político y judicial al asegurar que la jueza Marta Pascual actuó en complicidad con el gobernador Axel Kicillof para frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza rechazó enfáticamente la medida cautelar que paralizó la norma nacional aprobada por el Congreso, la cual reduce la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años, y acusó al oficialismo bonaerense de maniobrar judicialmente para evitar su ejecución.
En declaraciones televisivas a TN, la exministra de Seguridad apuntó contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a quien definió como una magistrada «amiga del peronismo y del kirchnerismo». Para sostener sus sospechas sobre la falta de imparcialidad de la funcionaria judicial, Bullrich destacó que se la ha visto en conversaciones públicas con el intendente de Lanús, Julián Álvarez. Asimismo, objetó la idoneidad técnica del fallo al señalar que un juzgado de primera instancia provincial carece de facultades de control de constitucionalidad para suspender los efectos de una ley nacional durante dos meses.
El dictamen judicial, emitido este lunes, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, entidad que preside el sacerdote José María «Pepe» Di Paola en representación de adolescentes privados de la libertad. La resolución se conoció apenas 48 horas después de la entrada en vigencia formal del nuevo régimen penal (Ley 27.801), sancionado en febrero y promulgado el 9 de marzo pasado con un plazo de adecuación de 180 días que expiró este mes.
El eje central de la controversia radica en la capacidad operativa de la provincia de Buenos Aires para albergar a los nuevos imputados. Mientras el fallo de la jueza Pascual advierte que el Estado bonaerense no cuenta con las condiciones materiales, institucionales ni profesionales indispensables para cumplir con los estándares constitucionales y tratados internacionales de detención en la adolescencia, Bullrich desestimó esos argumentos. La legisladora sostuvo que la supuesta falta de dinero es solo una excusa del Ejecutivo provincial para encubrir su rechazo ideológico a la norma y afirmó que el presupuesto existe pero falta voluntad política para combatir la impunidad juvenil.
Frente a este escenario, la implementación de la ley entra en un terreno de indefinición jurídica que deberá ser resuelto por las instancias superiores de la Justicia bonaerense o mediante una eventual apelación del Gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, designado como autoridad de aplicación. La disputa amenaza con transformarse en un choque de poderes sobre el alcance de las jurisdicciones provinciales para suspender la vigencia de normas penales de fondo dictadas por el Congreso de la Nación.
La suspensión cautelar por 60 días deja en evidencia la brecha insalvable entre la agenda punitiva que impulsa la Casa Rosada y la realidad de la infraestructura penitenciaria e institucional que deben gestionar las provincias. Con el régimen penal juvenil trabado en el principal distrito del país, la efectividad de la ley queda atada al resultado de una contienda procesal y política que recién empieza.
