Sostuvo que el cierre confirmado por la Cámara Federal fue "arbitrario" y "prematuro". Apunta a la falta de trazabilidad de los dólares que ingresaron al país durante la gestión de Mauricio Macri.
El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso de casación para intentar reabrir la causa judicial que investiga las presuntas irregularidades en torno al préstamo de u$s57.100 millones acordado en 2018 entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Mauricio Macri. La acción busca revocar el fallo emitido el pasado 4 de septiembre por la Sala I del fuero federal, que con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi había ratificado el archivo del expediente dictado originalmente por la jueza María Eugenia Capuchetti.
En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal fue categórico al calificar la resolución de la Cámara como un «cierre prematuro» y «arbitrario». Agüero Iturbe remarcó que el estado de la instrucción no permitía clausurar la investigación por inexistencia de delito mientras existieran medidas de prueba pendientes y en pleno impulso fiscal. La causa investiga las decisiones adoptadas por el expresidente Macri y varios de sus principales colaboradores en el área económica, entre ellos Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
El expediente judicial se había iniciado a partir de denuncias que apuntaban a supuestos delitos de administración fraudulenta y abuso de autoridad durante las negociaciones y desembolsos del programa crediticio, que pasó de un monto inicial de u$s50.000 millones a una cifra definitiva de u$s57.100 millones. Sin embargo, para ratificar el archivo, la Cámara Federal sostuvo en su voto mayoritario que la toma de deuda pública constituye un acto de política económica no judiciable y argumentó que los cinco años de instrucción previa, junto con informes del Banco Central, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, resultaban suficientes para descartar conductas punibles.
Sin embargo, el punto de quiebre en la argumentación del fiscal reside en la falta de investigación sobre la ruta que siguieron los fondos extranjeros. Agüero Iturbe cuestionó que la Justicia se haya limitado a reunir informes macroeconómicos generales sin avanzar en la trazabilidad precisa de los dólares ingresados para verificar si existieron acuerdos o beneficios directos a sectores o privados. A su vez, desestimó la idea de que el mero paso del tiempo sirva como excusa procesal para cerrar una causa en la que no han prescrito los plazos ni se violaron las garantías del debido proceso.
Con la apelación fiscal concedida, el desenlace del expediente quedó subordinado a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Sus miembros —los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— ya intervienen en el sorteo formal para resolver si confirman el archivo definitivo o si ordenan a Comodoro Py la reapertura de la causa para profundizar las medidas de prueba pendientes encomendadas por la fiscalía.
La insistencia de Agüero Iturbe expone una tensión institucional persistente dentro del fuero federal porteño al delimitar hasta dónde llega la discrecionalidad de las políticas gubernamentales y dónde empieza la obligación del Estado de rendir cuentas penales sobre el uso de deuda externa. Sin una decisión firme de la máxima instancia penal ordinaria, el destino final de la investigación sobre el préstamo más elevado concedido por el FMI continuará abierto.
