La propuesta contempla transmisión en vivo de las entrevistas a los candidatos, lo que marcaría un cambio estructural en la forma en que el sistema judicial provincial incorpora magistrados.
La Legislatura del Chaco tiene sobre la mesa un proyecto de ley que reformaría de raíz el mecanismo de selección de jueces y fiscales en la provincia. La iniciativa apunta a que las entrevistas a los postulantes sean abiertas y transmitidas en vivo, eliminando la opacidad que históricamente caracterizó ese proceso en buena parte de las provincias argentinas.
La propuesta fue impulsada desde el bloque legislativo y todavía no tiene fecha de tratamiento confirmada en comisión. Los detalles completos del texto aún no fueron difundidos, pero la clave del proyecto pasa por la publicidad de los actos: cualquier ciudadano podría seguir en tiempo real cómo se evalúa a quienes aspiran a integrar el Ministerio Público o el Poder Judicial provincial.
En el Chaco, como en el resto del país, la designación de magistrados fue señalada históricamente como uno de los engranajes más permeables a la influencia política. Los concursos formalmente existen, pero las instancias decisivas solían transcurrir sin mayor visibilidad pública, lo que dejó margen para cuestionamientos sobre la independencia de los elegidos.
El dato que cambia la lectura es que la sola transmisión en vivo no garantiza imparcialidad: los criterios de evaluación, la composición del jurado y el peso de cada etapa son variables igual de importantes. Si esos aspectos no se modifican junto con la publicidad del acto, el cambio puede quedarse en una reforma más estética que sustantiva.
El proyecto deberá pasar por comisión antes de llegar al recinto. Si logra dictamen favorable, el debate en el pleno será el momento en que los bloques mostrarán si apoyan o frenan los cambios de fondo. No hay fecha fijada todavía; todo indica que el tratamiento sería para antes de que termine el año legislativo.
La iniciativa llega en un momento en que la independencia judicial está bajo la lupa en todo el país. Que el Chaco avance —o no— en una reforma con criterios claros y verificables será la diferencia entre un cambio real en la relación entre política y justicia provincial, o un gesto que queda en el título de la ley.
