La presentación recayó en el juez Sebastián Ramos y apunta a la multinacional Thales. La aeronave británica realizó dos trayectos clandestinos desde Punta Arenas hacia las islas. La empresa también provee tecnología al Ejército, la Armada y el Renaper.
El Gobierno nacional formalizó una denuncia penal contra la multinacional de defensa y ciberseguridad Thales por la realización de vuelos ilegales entre territorio continental chileno y las islas Malvinas. La presentación judicial, que busca sentar un precedente drástico en la disputa diplomática y de soberanía, incluye además un pedido formal para decomisar la aeronave implicada.
La acción legal fue impulsada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, ante el juzgado federal de Sebastián Ramos, quien delegó la pesquisa en el fiscal Ramiro González. El expediente detalla dos operaciones aéreas concretadas el 19 y el 24 de septiembre de 2026 mediante un avión bimotor turbohélice Beechcraft B200 Super King Air, matrícula británica G-FPLD y número de serie BB-1433, operado por Thales UK Flight Inspection Service.
El conflicto escala sobre el trasfondo de la política de endurecimiento soberano fijada por la administración de Javier Milei respecto del Atlántico Sur y la explotación ilegal de recursos en las islas. Las maniobras detectadas omitieron por completo los permisos obligatorios ante la autoridad aeronáutica argentina, un filtro que la propia ANAC ya había advertido previamente que no se encontraba autorizado para los trayectos entre la ciudad chilena de Punta Arenas y el archipiélago usurpado.
El aspecto más delicado de la causa radica en la doble lealtad comercial de la compañía investigada. Mientras una filial del grupo mantiene contratos multimillonarios con el Ministerio de Defensa británico —incluyendo una reciente adjudicación por 689 millones de libras para telecomunicaciones militares en Mount Pleasant—, la casa matriz opera en la Argentina desde hace más de tres décadas proveyendo radares de vigilancia a las Fuerzas Armadas, sistemas biométricos de Migraciones y componentes clave para el pasaporte electrónico del Renaper.
La investigación penal transita una calificación provisoria por infracciones al artículo 190 del Código Penal sobre seguridad aeronáutica y al artículo 223 del Código Aeronáutico por cruce clandestino de fronteras, aunque el Ejecutivo presiona para ampliar el foco hacia delitos aduaneros, asociación ilícita y violación a la ley 26.659 de hidrocarburos. La Justicia deberá determinar ahora el objetivo real de los trayectos del avión británico y resolver el futuro del pedido de decomiso, mientras seis gigantes petroleros ya decidieron apartarse de Vaca Muerta para no chocar contra las sanciones de la Casa Rosada.
La ofensiva oficial contra Thales pone a prueba la capacidad del Estado para sancionar a proveedores estratégicos de su propio aparato de seguridad que operan en simultáneo bajo órbita británica en las Malvinas. El desenlace de este expediente no sólo definirá el destino de la aeronave retenida en la mira de la ANAC, sino que marcará un límite infranqueable para las corporaciones globales que pretendan surfear la tensión geopolítica sin rendir cuentas ante Buenos Aires.
