Mientras Diego Santilli asegura tener 34 adhesiones en el Senado, Patricia Bullrich le cruza los números y los primos Menem prefieren frenar los acuerdos con gobernadores para apostar a la expansión territorial de La Libertad Avanza.
La mesa política de Javier Milei quedó expuesta a una profunda división interna a raíz de las negociaciones por la reforma electoral, cuyo objetivo central es voltear las PASO. Durante el último encuentro del cuerpo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró tener abrochados 34 de los 37 votos necesarios en el Senado, pero de inmediato fue cruzado por Patricia Bullrich, quien le exigió con escepticismo que detallara las adhesiones. La tensión refleja dos visiones contundentes sobre cómo encarar el tablero legislativo y las alianzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Según la reconstrucción del debate, Santilli detalló que cuenta con los 21 senadores propios de La Libertad Avanza, los 3 del PRO y 10 de la Unión Cívica Radical, proyectando además acuerdos con mandatarios provinciales de 11 distritos: Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, Bullrich —quien mantiene trato cotidiano con los aliados— advirtió que los votos amarillos aún no están garantizados y que de los radicales solo hay voluntad firme en 7 de los 10 legisladores, supeditada a un entendimiento político más amplio. A su vez, operadores del oficialismo señalaron que tres radicales clave del bloque (Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad) responden a autonomía partidaria y no a sus gobernadores.
El trasfondo de la disputa en la mesa de nueve integrantes permanente —integrada, entre otros, por Karina Milei, los hermanos Menem, Santiago Caputo y Luis Caputo— exhibe una fractura estratégica. Por un lado, el sector acuerdista integrado por Santilli, Bullrich y los hermanos Caputo presiona para tejer pactos inmediatos con los gobernadores provinciales a cambio de sus votos en el Congreso, despejándoles el camino local y ofreciendo señales de paz política para blindar la gobernabilidad y asegurar la reelección de Milei en 2027, idealmente ganando en primera vuelta para evitar un balotaje peligroso.
En la vereda opuesta, Martín y Eduardo “Lule” Menem optan por el silencio y la cautela, convencidos de que conviene esperar a que la economía mejore para negociar desde una posición de mayor fortaleza, exigiendo lugares expectantes en las listas aliadas o la vicegobernación. Más aún, los Menem impulsan un plan de expansión territorial que busca disputar las provincias a gobernadores aliados —apuntando puntualmente a Salta, Misiones, Córdoba, Río Negro y Mendoza—, una jugada de riesgo que choca frontalmente con la necesidad de retener los votos de esos mismos mandatarios en el recinto parlamentario.
En el medio de la pulseada aparece Karina Milei, quien tiene la llave de las definiciones pero enfrenta un dilema operativo de difícil resolución: si LLa envalentonó a dirigentes provinciales para pelear las gobernaciones locales, ahora le costará desactivar esas candidaturas sin generar rupturas o tener que intervenir partidos enteros. Mientras se debate si el huevo o la gallina —es decir, si primero deben cerrarse las alianzas territoriales o avanzar a ciegas con la reforma—, un sector de gobernadores como el salteño Gustavo Sáenz ya advierte que sin acuerdos previos y contención judicial a sus mandatos, la Casa Rosada no conseguirá los números.
El desenlace de esta pulseada definirá no solo el futuro inmediato de las primarias en la Argentina sino también la arquitectura del oficialismo en el Parlamento, donde un paso en falso legislativo podría dinamitar la estrategia electoral de cara al próximo turno presidencial. Con encuestas internas que muestran visiones contrapuestas sobre el impacto de una primaria peronista entre Axel Kicillof y Sergio Massa, la única certeza en la cima del poder es que la chequera de los acuerdos provinciales sigue sobre la mesa, a la espera de que la hermana del Presidente destrabe la parálisis.
