A través del Decreto 1203/2026, la administración centralizada abrió un esquema de retiros que funcionará durante noviembre. Incluye tres grupos de beneficiarios, restricciones por causas judiciales y una prohibición de reingreso al Estado por ocho años.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la puesta en marcha de un nuevo régimen de retiro voluntario dirigido a los trabajadores de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada, una medida con la que busca profundizar el achique de la estructura estatal y que contempla compensaciones económicas de hasta 20 sueldos brutos según la antigüedad y la edad de los agentes.
La normativa, plasmada en el Decreto 1203/2026 publicado en el Boletín Oficial, establece que la ventana de inscripción estará abierta durante todo el mes de noviembre de 2026, con la facultad de disponer una única prórroga de hasta 30 días corridos. El esquema alcanza exclusivamente a los empleados comprendidos en el régimen de estabilidad de la Ley 25.164 y a aquellos con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo de plano a las contrataciones transitorias y al personal vinculado mediante el artículo 9 de la Ley Marco.
Para instrumentar los pagos, el decreto divide a los postulantes en tres segmentos diferenciados. El primer grupo abarca a mujeres desde los 58 años y varones desde los 63 que carecen de los aportes necesarios para acceder a la jubilación, quienes podrán optar entre una gratificación única o percibir el 60% del salario bruto mensual por un plazo máximo de 36 meses. El segundo sector nuclea a mujeres de entre 58 y 64 años y a hombres de 63 y 64 que ya reúnen 30 años de aportes previsionales, a quienes les corresponderá una indemnización equivalente a un sueldo por cada año de servicio, sujeta a topes, más cinco remuneraciones adicionales. El tercer y último grupo comprehende a mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62, que percibirán un haber por año de antigüedad con un tope de 20 haberes, adicionando cuatro o cinco sueldos extra según su cantidad de años en funciones.
Detrás de la zanahoria de las compensaciones económicas, la letra chica del decreto impone un riguroso filtro y severas restricciones para evitar la filtración de agentes con conflictos abiertos o carpetas médicas prolongadas. Quedan automáticamente inhabilitados aquellos empleados que registren procesos penales pendientes por delitos contra la administración pública —salvo que mediare absolución firme—, los sumariados con riesgo de cesantía o exoneración, y quienes mantengan demandas judiciales o reclamos administrativos vigentes contra el Estado, los cuales deberán ser desistidos formalmente de manera previa. Tampoco podrán anotarse los trabajadores en disponibilidad, aquellos con renuncias pendientes de aceptación ni los agentes que se encuentren transitando el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.
A partir del cierre de la inscripción, las autoridades de cada jurisdicción dispondrán de un plazo improrrogable de 40 días corridos para evaluar las solicitudes, quedando facultadas para rechazar las peticiones si estiman que la salida del agente compromete la operatividad del servicio; de hecho, la falta de respuesta en ese lapso operará como una denegatoria tácita. Quienes logren acogerse al plan verán extinguida su relación laboral con la consecuente eliminación del cargo en el presupuesto y sufrirán una severa cláusula de incompatibilidad que les impedirá reingresar al Sector Público Nacional bajo cualquier modalidad durante un plazo de ocho años.
Esta nueva ofensiva sobre la planta permanente se inscribe en la estrategia general de reducción de personal del Ejecutivo y se acopla al antecedente inmediato registrado en septiembre pasado en la ANSES, organismo que implementó su propio programa de Retiros de Voluntad Recíproca con topes de 19 haberes y una inhabilitación de reingreso por cinco años. Con la exclusión explícita de las Fuerzas Armadas, de seguridad, la SIDE, el Servicio Exterior y los entes descentralizados, el impacto fiscal y político real del esquema dependerá tanto del nivel de adhesión voluntaria como del filtro que los ministerios apliquen para no vaciar áreas críticas del Estado.
