El resultado financiero también fue positivo luego del pago de intereses, lo que refuerza el eje central de la política económica oficial.
El Sector Público Nacional cerró agosto con un nuevo superávit fiscal, consolidando una racha que el Gobierno de Javier Milei sostiene como principal bandera de gestión. El excedente primario del mes alcanzó casi 2 billones de pesos, mientras que el superávit financiero —que descuenta el pago de intereses de la deuda— fue de 635.529 millones de pesos.
Con este resultado, el acumulado del año en términos de resultado primario trepó al 1,1% del Producto Bruto Interno. Se trata de un indicador que la administración libertaria presenta como prueba de que el ajuste fiscal está funcionando y que el Estado ya no gasta más de lo que recauda, algo que no ocurría desde hace más de una década en Argentina.
El superávit financiero es el dato más exigente: implica que incluso después de pagar los intereses de la deuda pública, el Estado sigue cerrando en azul. Durante años, Argentina tuvo superávit primario pero déficit financiero precisamente porque el peso de los intereses consumía el excedente. Que ambos indicadores sean positivos simultáneamente marca una diferencia concreta respecto a gestiones anteriores.
El dato que complejiza la lectura triunfalista es que el ajuste que permitió estos números tuvo costos sociales significativos: recorte de transferencias a provincias, reducción de obra pública y caída del poder adquisitivo de jubilaciones y salarios estatales. El superávit existe, pero la discusión política gira en torno a quiénes lo financiaron.
En los próximos meses, el desafío para el Gobierno será sostener el equilibrio fiscal en un contexto de mayor gasto estacional —fin de año implica vencimientos y pagos concentrados— y con presiones crecientes de sectores que reclaman reversión de algunas de las medidas de ajuste. Si el resultado se mantiene positivo en el cuarto trimestre, el oficialismo tendrá un argumento sólido de cara a 2027.
El 1,1% del PBI de superávit primario acumulado en ocho meses es el número que el Ejecutivo pondrá al frente de cualquier debate económico en lo que resta del año. Es un hecho confirmado, aunque la disputa sobre sus causas y consecuencias distributivas está lejos de saldarse.
