La iniciativa plantea retirar la seguridad del Gran Buenos Aires de la órbita del gobernador Axel Kicillof, dividir el territorio en distritos federales y formar una nueva fuerza con régimen castrense en Campo de Mayo.
El exministro de Gobierno bonaerense y exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, presentó una propuesta para reorganizar la seguridad en el conurbano mediante la creación de una Policía Militar de jurisdicción federal. La iniciativa persigue un doble objetivo de alto impacto político y territorial: descabezar la conducción provincial de la fuerza en la región más violenta de la provincia al convertir a los municipios en distritos federales, y desplegar una tropa permanente enfocada exclusivamente en combatir el narcotráfico y los delitos complejos.
Según la iniciativa, la nueva institución dependerá directamente del Gobierno nacional y operará en los municipios que adopten el estatus federal. La fuerza se instruirá en las instalaciones de Campo de Mayo —la guarnición militar más grande del país— bajo la tutela de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino, reclutando también a efectivos seleccionados de la actual Policía Bonaerense. De la Torre remarcó que las estructuras municipales de prevención seguirán vigentes para el patrullaje cotidiano, mientras que este nuevo cuerpo castrense asumirá la inteligencia criminal y las operaciones tácticas avanzadas.
El planteo no surge en un vacío, sino en medio de los recurrentes cruces entre la Casa Rosada y La Plata por los parches operativos en el Gran Buenos Aires. Históricamente, las emergencias en el conurbano se respondieron con el envío transitorio de gendarmes o refuerzos de las Fuerzas Armadas, un esquema que De la Torre tildó de 'Gendarmería prestada' e ineficiente. La propuesta busca además sintonizar con los planteos de la exgobernadora María Eugenia Vidal, orientados a desmembrar el peso político que la masa territorial bonaerense le otorga al oficialismo provincial.
Más allá del aspecto operativo, el corazón político del proyecto radica en retirarle al gobernador Axel Kicillof la conducción de la zona donde se concentran los mayores índices delictivos y la mayor cantidad de electores del país. De la Torre argumentó que la Policía Bonaerense duplicó su cantidad de personal desde el año 2010 y, sin embargo, el delito no descendió. Con la premisa de que 'hay que hacer explotar este sistema', el exfuncionario apuntó que la administración provincial se encuentra completamente inhabilitada para gestionar lo que sucede en las comisarías de los distritos del conurbano.
Para cobrar existencia real, el proyecto deberá atravesar un complejo trámite legislativo que promete una dura batalla de poder. Al no requerir una reforma constitucional, el esquema puede implementarse mediante la aprobación de leyes ordinarias tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. El escenario actual de paridad y polarización obligará a los impulsores de la norma a tejer alianzas opositoras, en medio del previsible rechazo de los bloques alineados con la gobernación bonaerense.
La irrupción de esta iniciativa reabre un debate de fondo sobre los límites del federalismo y la efectividad de las fuerzas tradicionales para frenar el avance del crimen organizado en los barrios más vulnerables. De avanzar en los recintos, la medida significará una reformulación del mapa político bonaerense y de las doctrinas de seguridad aplicadas en el área metropolitana. Por lo pronto, el proyecto queda instalado en la agenda parlamentaria a la espera de que los distintos bloques fijen su posición oficial.
