En un nuevo revés financiero para Argentina, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, oficializó el embargo de USD 210 millones en activos del Estado argentino. Esta medida, que se ejecutará mañana, responde a reclamos de acreedores que poseen bonos en default desde la crisis de 2001. La decisión se produce tras el aval de la Corte Suprema de Estados Unidos en enero, que rechazó la apelación presentada por el país sudamericano.
El embargo se centra en activos que Argentina había ofrecido como garantía para los Bonos Brady, emitidos a principios de la década de 1990 durante una reestructuración de deuda. Estos bonos fueron respaldados por títulos del Tesoro estadounidense, los cuales ahora serán entregados al fondo Attestor Master, uno de los principales demandantes en este caso.
Además del embargo de USD 210 millones, la jueza Preska ordenó la congelación de otros USD 100 millones hasta que se resuelva una disputa entre dos grupos de acreedores: Attestor Master y Bainbridge Fund. Ambos fondos reclaman derechos sobre estos activos, y la decisión final sobre su distribución está pendiente de una resolución judicial.
Este fallo se suma a una serie de desafíos legales que Argentina ha enfrentado en tribunales internacionales debido a su deuda en default. En enero, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el embargo de activos argentinos por un total de USD 310 millones, rechazando una apelación del país y permitiendo a varios fondos de inversión cobrar sumas significativas depositadas en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York, Alemania y Suiza.
La situación financiera de Argentina se ve aún más comprometida por otros litigios en curso. Recientemente, el país perdió un caso en la Corte Suprema del Reino Unido relacionado con los «cupones PBI», lo que podría implicar pagos adicionales a los tenedores de estos instrumentos financieros. Estas decisiones judiciales internacionales aumentan la presión sobre las ya debilitadas arcas del Estado argentino.
El gobierno argentino, bajo la administración del presidente Javier Milei, enfrenta una inflación superior al 200% anual y una economía en recesión, con tasas de pobreza que superan el 50%. A pesar de los esfuerzos por reducir el gasto público y estabilizar la economía, estos embargos y fallos adversos complican aún más la situación fiscal del país y sus relaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
