Un juzgado federal aplicó la sanción tras verificar que el Ejecutivo incumple la normativa que obliga a actualizar los fondos destinados a las universidades públicas.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, resolvió este miércoles aplicar multas diarias de 100.000 pesos al Gobierno nacional por no acatar la ley de financiamiento universitario. La medida judicial es una respuesta directa al incumplimiento del Ejecutivo respecto de la actualización de los recursos que deben transferirse a las universidades públicas argentinas.
La resolución establece que la multa corre día a día hasta que el Estado nacional dé cumplimiento efectivo a la normativa vigente. No se precisó desde qué fecha exacta comenzaría a contabilizarse la sanción, pero la sentencia fue dictada el miércoles 14 de octubre de 2026, según informó La Voz del Chaco, que tuvo acceso a la resolución.
El conflicto por el financiamiento universitario viene escalando desde 2024, cuando el gobierno de Javier Milei vetó la ley que actualizaba los presupuestos de las casas de altos estudios. Esa decisión desencadenó marchas masivas en todo el país y una serie de acciones judiciales impulsadas por docentes, estudiantes y autoridades universitarias que reclamaron la inconstitucionalidad de la medida.
El dato que cambia la lectura es la naturaleza de la sanción: 100.000 pesos diarios resulta una cifra simbólica en términos del presupuesto nacional, pero el valor político y jurídico de la multa es otro. Un juez federal le está diciendo al Poder Ejecutivo, en términos concretos, que está en mora con la ley. Eso tiene peso institucional independientemente del monto.
El Gobierno puede apelar la resolución ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, lo que podría suspender el efecto de la multa mientras se sustancia el recurso. Si no apela o la Cámara confirma la medida, el incumplimiento sostenido podría derivar en nuevas sanciones o en una declaración de desacato judicial, una figura de consecuencias institucionales más severas.
La sentencia del juez Cormick es la expresión más concreta hasta ahora de la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en torno a la educación pública. Que un juzgado federal deba multar al Estado para que cumpla su propia legislación educativa es, en cualquier lectura, una señal de alarma sobre el estado de las instituciones.
