Marta Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Defendió su fallo argumentando la falta de infraestructura para alojar a menores de 14 años y La Libertad Avanza busca su destitución.
A apenas 48 horas del inicio de la aplicación efectiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Elba Pascual frenó por 60 días la imputabilidad de menores a partir de los 14 años e inició un fuerte contrapunto político e institucional. La magistrada, al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, salió a defender su medida cautelar y buscó desmarcarse de las especulaciones partidarias tras quedar en el centro de las críticas del oficialismo nacional por haber trabado una de las reformas legislativas más emblemáticas del año.
La decisión judicial se originó a partir de una presentación formulada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, a la que Pascual acopló a un habeas corpus previo que investigaba las condiciones de alojamiento en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, donde ya existía un cupo máximo de 60 adolescentes. Si bien la magistrada reconoció avances en materia edilicia, agua potable y alimentación, fundamentó la suspensión en fallas persistentes para garantizar la educación, la formación laboral y los tiempos de aislamiento de los menores alojados, asegurando que el Estado bonaerense carece de los mecanismos para cumplir con los estándares mínimos.
El nuevo marco normativo había sido sancionado por el Congreso de la Nación a fines de febrero y registrado en marzo con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad penal en todo el país. La traba en el territorio bonaerense expone tensiones estructurales entre el Poder Judicial local y las administraciones ejecutivas: la propia jueza reveló que desde la gestión provincial le admitieron no haber recibido las partidas presupuestarias necesarias del Gobierno nacional para acondicionar las instituciones juveniles antes del plazo de aplicación.
El punto más tenso de la controversia se produjo cuando La Libertad Avanza anunció que impulsará el juicio político contra Pascual por presunto prevaricato e incumplimiento de deberes. Desde la fuerza oficialista, el diputado Sebastián Pareja sostuvo que la jueza hace "futurología" al bloquear la ley e indicó que existen dependencias disponibles, como el Penal 56 de La Matanza con 200 posiciones libres. Lejos de amedrentarse, Pascual rechazó de plano las acusaciones de sesgo ideológico —"Nunca fui ni seré Kuka", enfatizó— y argumentó que la privación de la libertad debe ser la última instancia constitucional.
El escenario que se abre contempla una doble vía de definición en el corto plazo. Por un lado, la provincia de Buenos Aires dispone de dos meses para adecuar la infraestructura de sus institutos socioeducativos o recurrir la medida cautelar ante instancias judiciales superiores para lograr su levantamiento. Por otro lado, la presentación del pedido de destitución promovido por los representantes de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense pondrá a prueba los contrapesos políticos dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Más allá de las acusaciones cruzadas, la suspensión temporaria expuso el quiebre entre la sanción de reformas penales en el Congreso y la capacidad real de los estados provinciales para ejecutarlas. Con la vigencia de la norma congelada en el distrito más populoso de la Argentina, el caso sienta un antecedente clave sobre cómo las deficiencias del sistema carcelario juvenil pueden transformarse en un límite judicial insalvable para las políticas de seguridad nacional.
