La vicepresidenta remitió a comisión las reformas del Banco Central y de Inocencia Fiscal, además del tratado de Patentes y la Ley Joaquín, luego de una semana de congelamiento y crecientes fricciones internas en el oficialismo.
En medio de una creciente marejada de tensión política en la Cámara Alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel le dio giro formal a comisión a cuatro proyectos de ley estratégicos para la Casa Rosada que permanecían paralizados desde la semana pasada. La medida descomprime, al menos de forma temporal, el durísimo cruce abierto con Patricia Bullrich y el bloque oficialista, quienes reprochaban una inexplicable demora administrativa tras la aprobación de las iniciativas en la Cámara de Diputados el pasado 26 de agosto.
Las iniciativas que ahora comenzarán su recorrido parlamentario abarcan la reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II, la adhesión modificada al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la denominada Ley Joaquín. Villarruel asignó el debate del paquete a las comisiones de Presupuesto —a cargo del libertario Agustín Monteverde—, Economía —encabezada por el PRO Martín Goerling—, Justicia, Relaciones Exteriores e Industria, repartiendo la discusión entre referentes de La Libertad Avanza, sus socios del PRO y la oposición peronista conducida por Anabel Fernández Sagasti y Marcelo Lewandowski.
El congelamiento del trámite legislativo se sumó a una secuencia de cortocircuitos institucionales que mantienen trabada la agenda del Senado. El detonante inmediato de la furia de Bullrich fue la parálisis posterior al fracaso para obtener dictamen sobre el Súper RIGI, sumado al desgastante debate sobre la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que debió ser recortada antes de pasar a la Cámara baja. En los pasillos del Palacio Legislativo, la semana de dilación impuesta por Villarruel fue interpretada como un mensaje explícito de autonomía frente al apuro del Poder Ejecutivo y las demandas del bloque de La Libertad Avanza.
El verdadero corazón de la disputa pasa por el contenido económico de las normas cajoneadas. El proyecto del BCRA —aprobado en Diputados con 144 votos afirmativos— prohíbe de manera tajante al Central otorgar préstamos, adelantos o comprar deuda pública del Tesoro nacional, provincias o municipios, enterrando la misión de "promoción del empleo" instaurada en la gestión kirchnerista. A su vez, la Inocencia Fiscal II elimina los topes de 1.000 millones de pesos de ingresos para ingresar divisas fuera del sistema, fijando una cláusula clave: excluye de manera expresa a cualquier funcionario público que haya ejercido cargos de jerarquía en los últimos cinco años.
Con las comisiones formalmente notificadas, se abre ahora un complejo proceso de negociación donde el oficialismo no cuenta con mayorías propias ni garantías absolutas para emitir dictamen rápido. En el caso del Tratado de Patentes, el Senado deberá definir si convalida la reserva del Capítulo II votada en Diputados para proteger a los laboratorios nacionales frente a los exámenes internacionales, o si busca reponer el texto original de 1998. La velocidad de este tratamiento medirá la verdadera capacidad del Gobierno para encolumnar a los aliados provinciales y a su propio bloque tras los contrapuntos en la conducción del cuerpo.
La firma de los giros le permite a Villarruel cumplir con el reglamento formal pero deja expuestas las fracturas no resueltas en la cúpula del poder. La reestructuración financiera promovida por Javier Milei ingresa así a una etapa decisiva dentro de una Cámara Alta donde cada retraso burocrático se traduce inmediatamente en una pulseada de poder.
