El ministro de Seguridad bonaerense cruzó duramente a Santilli y Bullrich por sus ataques a Kicillof. Advirtió que la reforma es "un eslogan de campaña" impracticable si la Nación sigue recortando los recursos para infraestructura penal juvenil.
Un fallo de la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, encendió una nueva mecha política entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense al suspender la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. La resolución, dictada tras un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, provocó una inmediata embestida del Gabinete nacional contra Axel Kicillof. Frente a las duras acusaciones del oficialismo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, salió al cruce de forma contundente al afirmar que en el Gobierno nacional "mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer".
Las tensiones escalaron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich cuestionaran el silencio del gobernador bonaerense y sostuvieran que Kicillof se posiciona "del lado del delincuente". En respuesta a través de la red X, Alonso le exigió a Santilli que se concentre en su trabajo y devuelva a la provincia los recursos recortados. El funcionario provincial subrayó que la simple reducción de la edad penal resulta insuficiente sin la correspondiente creación de juzgados y fiscalías especializadas, así como de centros de reclusión, infraestructura adecuada y personal capacitado para gestionar el sistema.
El planteo del ministerio bonaerense sintoniza de forma directa con los fundamentos presentados por la jueza Pascual al hacer lugar al planteo del Hogar de Cristo. En su pronunciamiento, la magistrada dejó asentado que, sin mecanismos integrales que garanticen la reinserción social de los menores involucrados, la reforma legal carece de utilidad real tanto para las víctimas como para la sociedad. No obstante, desde el espacio nacional encabezado por Bullrich acusaron a la Justicia bonaerense de mantener una postura "garantista" que favorece la impunidad en el conurbano.
Detrás del intercambio mediático subyace una contradicción estructural de la política criminal argentina: la aprobación federal de leyes punitivas de alto impacto público que luego deben ser ejecutadas por las provincias sin asignación presupuestaria específica. Alonso expuso este punto al tildar la modificación normativa de "un eslogan de campaña" y una mera "modificación en los papeles", remarcando que Nación busca adjudicarse el éxito político del endurecimiento penal mientras retiene los fondos necesarios para que las provincias puedan aplicarlo de manera efectiva.
Frente a este escenario, la discusión ingresará en una fase de judicialización e incertidumbre institucional. El Ejecutivo nacional buscará apelar la medida cautelar ante instancias superiores para reestablecer la vigencia del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. En paralelo, el debate promete trasladarse al Congreso y a las mesas de negociación fiscal, donde La Plata condicionará cualquier avance operativo a la restitución de las partidas presupuestarias coparticipables disputadas.
La decisión de frenar la baja de la edad de imputabilidad expone que la agenda de seguridad vuelve a chocar contra la falta de infraestructura y el desfinanciamiento federal. Sin recursos para implementar las transformaciones judiciales y penitenciarias que la norma exige, la aplicación práctica del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil permanece congelada en el distrito más poblado del país.
