A través de la Resolución 878/2026, el Ministerio de Seguridad adaptó el sistema de alto riesgo (SIGPPLAR) para la población femenina. El avance de las mujeres en el liderazgo de bandas de narcotráfico obligó al Estado a reconfigurar los controles de visitas, videovigilancia y alojamiento.
El Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó la creación de un régimen de detención de máxima seguridad exclusivo para mujeres consideradas de "alto riesgo". La medida busca neutralizar la capacidad operativa de las presas que, según informes de inteligencia criminal, continúan liderando y coordinando bandas narco y redes delictivas desde el interior de las cárceles federales. Con esta decisión, el Ejecutivo expande un esquema de control extremo que hasta ahora estaba diseñado principalmente para hombres, admitiendo de forma implícita que las estructuras delictivas han mutado de manera eficiente hacia liderazgos femeninos para burlar la vigilancia estatal.
La iniciativa quedó plasmada en la Resolución 878/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial bajo la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Susana Monteoliva. La norma instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a implementar de forma inmediata el "Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo – Mujeres" (SIGPPLAR – Mujeres). Este protocolo obliga a alojar a las internas seleccionadas en sectores completamente aislados de la población común, en celdas húmedas individuales y bajo un régimen donde el trabajo, la educación y la recreación se realizan estrictamente dentro del mismo módulo de aislamiento. No obstante, la norma exceptúa expresamente de este régimen a las mujeres embarazadas, en período de lactancia o que convivan con hijos menores de cuatro años.
La justificación oficial para este endurecimiento normativo radica en un diagnóstico crudo sobre el funcionamiento de las organizaciones criminales tras las rejas. De acuerdo con los fundamentos del Ministerio, cuando los líderes históricos masculinos son detenidos, las bandas apelan a los denominados "clanes familiares" para mantener la operatividad. En ese traspaso de mando, las mujeres de la organización (esposas, hermanas o hijas) asumen roles cruciales de enlace, administración de recursos económicos, logística y distribución de órdenes. Para sostener este argumento, la cartera de Seguridad citó investigaciones de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que documentó cómo diversas reclusas mantuvieron el control territorial de la venta de drogas en provincias clave a pesar de estar encarceladas.
El dato más sensible del nuevo reglamento pasa por la fina línea que separa el control extremo de las garantías individuales, regulando minuciosamente la intimidad de las detenidas y sus vínculos familiares. Las visitas de contacto con hijos menores, por ejemplo, requerirán una autorización judicial previa, tendrán una frecuencia máxima quincenal y una duración límite de sesenta minutos. Además, para sortear acusaciones de vulneración de derechos, la resolución establece que las requisas personales y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia de este sector deberán ser realizados exclusivamente por personal penitenciario femenino entrenado en perspectiva de género, mientras que los menores de edad quedarán exceptuados del uso de los equipos de rayos X Body Scanner por razones de radioprotección médica.
Con la publicación de la norma empieza a correr un plazo perentorio de sesenta días para que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal elabore los manuales de procedimiento y los protocolos complementarios que pongan en marcha el sistema. La implementación de este régimen para mujeres estará coordinada estrechamente con las áreas de Inteligencia Penitenciaria, Asuntos Internos, Sistemas e Investigaciones Judiciales. Políticamente, la Casa Rosada encuadra este movimiento dentro de sus programas de intervención territorial y carcelaria, tales como el Plan Bandera en Santa Fe, el Plan Güemes en el NOA, y los planes Paraná y Andrés Guacurarí, buscando asfixiar el financiamiento y la logística de las bandas que operan principalmente en Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.
La puesta en marcha del SIGPPLAR para mujeres expone la creciente complejidad del crimen organizado en Argentina, donde las fronteras de género en las cúpulas de las bandas se han diluido por pura necesidad de supervivencia corporativa. Actualmente, el sistema penitenciario aloja a 78 internos varones bajo el régimen general de alto riesgo, una cifra que ahora comenzará a sumar nombres femeninos bajo la lupa judicial. El desafío del Servicio Penitenciario Federal no será menor: deberá demostrar que cuenta con la infraestructura blindada y el personal incorruptible para evitar que estas celdas individuales se conviertan, una vez más, en simples oficinas de despacho para el delito.
