El ministro de Defensa celebró el guiño de la Casa Blanca y la compra de equipamiento militar, pero el ala política del Gobierno teme que la embestida diplomática termine perjudicando inversiones clave en Vaca Muerta.
El alineamiento irrestricto del gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos sumó este fin de semana un nuevo capítulo de alto impacto geopolítico. El ministro de Defensa, Carlos Presti, calificó como una oportunidad de equipamiento y posicionamiento estratégico para la Argentina la oferta vertida por Donald Trump para actuar como "mediador" en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, detrás del entusiasmo de la cúpula castrense por rearmar a las Fuerzas Armadas con aval norteamericano, la maniobra reabrió soterradas discrepancias en el Gabinete sobre la conveniencia política y económica de agitar el reclamo soberano en este momento.
Las definiciones de Presti sucedieron a un guiño concreto de Washington: el Departamento de Estado estadounidense aprobó la venta a la Argentina de cuatro helicópteros militares UH-60L Blackhawk por un monto de 140 millones de dólares. A esto se le suma la reactivación del proyecto para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia, una obra presupuestada en 450 millones de dólares estructurada en cuatro fases, cuyo inicio formal está proyectado para enero de 2027. La ambición oficial apunta a convertir la capital fueguina en un polo logístico y comercial de proyección antártica internacional, sosteniendo con dólares y equipamiento norteamericano el despliegue patagónico.
El impulso a esta estrategia responde a un mandato directo del Presidente para reconstruir la capacidad disuasiva y diplomática de la Argentina, severamente golpeada tras décadas de desinversión militar. No obstante, las urgencias del área de Defensa chocan de frente con el malestar social y salarial en la propia tropa: la reciente recomposición aplicada a los uniformados fue calificada como insuficiente por el personal castrense, al tiempo que recrudecieron las quejas por fallas de infraestructura en dependencias clave como el Hospital Central Militar, afectado por problemas en la provisión de agua potable.
El aspecto más sensible de la jugada reside en las fricciones de la política interna. La estrategia de reflotar la "malvinización" pública fue impulsada por el asesor Santiago Caputo, pero dentro del ala política de la Casa Rosada crecen los reparos. Dirigentes como Eduardo "Lule" Menem y la senadora Patricia Bullrich han advertido puertas adentro sobre la efectividad de una narrativa patriótica en medio de la recesión, pero sobre todo remarcan el peligro concreto de endurecer sanciones contra petroleras que operan en aguas disputadas y que, en paralelo, tienen activos de inversión cruciales en Vaca Muerta.
Pese a las objeciones sobre los riesgos de espantar capitales energéticos y al escaso rebote que la causa Malvinas registra actualmente en la opinión pública, Javier Milei decidió no ceder espacio. Para este lunes al mediodía, el jefe de Estado convocó a una reunión de Gabinete donde impondrá el seguimiento de las medidas de reafirmación soberana en el Atlántico Sur, reafirmando que no planea moderar el rumbo geopolítico aunque sus propios armadores políticos le insistan con priorizar la agenda económica doméstica.
La apuesta libertaria busca sostener el relato de una Argentina nuevamente influyente en la mesa chica internacional apoyada por Washington, mientras el ala pragmática del oficialismo reza para que el discurso patriótico no dinamite las inversiones mineras y petroleras que sostienen las proyecciones de divisas para el país. El desenlace de la mediación sugerida por Trump determinará si el alineamiento de la Casa Rosada redujo una brecha histórica o si tan solo sumó un costoso frente de conflicto comercial en el patio trasero argentino.
