La iniciativa oficial busca sancionar la explotación ilegal de recursos en las islas, pero incluye la creación de un Consejo de Seguridad con amplias facultades económicas y castigos de prisión por desinformación electoral.
Javier Milei envió al Congreso un proyecto de más de 40 páginas bautizado como "Ley de defensa de la soberanía nacional", presentado bajo la premisa de endurecer las sanciones contra empresas petroleras que operen sin autorización en las Islas Malvinas. Sin embargo, detrás del reclamo territorial y la convocatoria oficial a congelar otras disputas políticas, la letra chica de la iniciativa encierra una profunda reestructuración del sistema de defensa, amplía atribuciones sobre el mercado cambiario y redefine delitos penales bajo el paraguas de la seguridad nacional.
El texto ingresó al Parlamento con las firmas del Presidente, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa), Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior). En su núcleo visible, la propuesta deroga la Ley 26.659 de Hidrocarburos sancionada en 2011 para establecer sanciones administrativas e inhabilitaciones más duras, junto con el agravamiento de penas de cárcel para accionistas y proveedores que exploten recursos ilegítimamente en el Atlántico Sur. En paralelo, contempla un Régimen de Desistimiento y Regularización que permitirá a las empresas infractoras levantar las acciones penales a cambio del cese de actividades y el pago de multas.
Desde Casa Rosada justificaron la reforma afirmando que toda la legislación previa resultó "insuficiente e ineficaz" para defender los intereses argentinos frente a la ocupación británica. El artículo inaugural ratifica que las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la Nación. No obstante, el diseño institucional deja ver el peso del asesor presidencial Santiago Caputo: el proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei donde tendrán asiento reservado Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia, y María Iberzábal Murphy, jefa de Legal y Técnica, ambos funcionarios de su riñón.
Lo que transforma por completo la lectura política del proyecto es que sus alcances exceden largamente la cuestión Malvinas. El flamante Consejo estará facultado para restringir operaciones con divisas, limitar giros al exterior y subir aranceles de importación o exportación ante cualquier hecho que "amenace la Seguridad Nacional". A esto se suma una modificación medular a la Ley 23.554 de Defensa Nacional —alterando los límites del empleo militar— y un cambio en el artículo 111 del Código Penal que fijará de 5 a 12 años de prisión a quien, financiado por un Estado o agente foráneo, altere procesos electorales o manipule la opinión pública a través de "campañas de desinformación masiva".
El camino legislativo promete fricciones de alta intensidad en ambas cámaras, donde La Libertad Avanza depende de alianzas para alcanzar el quórum. Si bien la causa Malvinas históricamente genera consensos unánimes en el arco político, los capítulos dedicados al control del financiamiento partidario a extranjeros, el nuevo registro antiterrorista en la UIF (RePET) y la tipificación penal de la desinformación encenderán alarmas en los bloques opositores dialoguistas y en el kirchnerismo, que ya advierten sobre la discrecionalidad que obtendría el Poder Ejecutivo.
Al solicitar el tratamiento urgente del paquete normativo, el Gobierno apeló a un tono patriótico para exigirle a los legisladores que prioricen la soberanía sin dilaciones. Sin embargo, el Congreso deberá resolver ahora si convalida a libro cerrado una ley que combina la postergada defensa de los recursos naturales del Atlántico Sur con herramientas de excepción que conceden a la Casa Rosada facultades de intervención económica, penal y de inteligencia sin antecedentes recientes.
